Fiscalía investiga a mp y policías por omisión en casos de desapariciones

La Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas investiga a diez personas por presuntas irregularidades en su desempeño como agentes del ministerio público y policías adscritos, quienes con acciones y omisiones afectaron indagatorias en materia de secuestro y desaparición forzada, entre otros delitos.

Se abrieron 21 procedimientos administrativos contra seis fiscales y cuatro policías investigadores que con el incumplimiento de su labor, vulneraron derechos de víctimas del delito y sus familias en Nuevo Laredo, Reynosa, Mante, Victoria y Tampico.

La FGJT emitió las notificaciones para que todos ellos estén enterados de los procedimientos en su contra y ejerzan su derecho a defenderse, antes de deslindar responsabilidades administrativas.

Algunos aparecen con más de un procedimiento abierto y las faltas se habrían cometido entre 2020 y 2023, por lo que la Fiscalía los está llamando a cuentas, según se informó en el Periódico Oficial del Estado.

Entre los agentes del ministerio público señalados están Alma “O”, con los procedimientos 248/2020, 654/2021, 445/2021 y sus acumulados 487/2021, 505/2021, 526/2021, 530/2021.

Ella como fiscal antisecuestro en Reynosa, en la integración de una carpeta de investigación no aportó datos de una víctima en cautiverio, ni solicitó una fotografía para realizar la búsqueda en hospitales.

Tampoco recabó muestras de ADN a los familiares para posibles comparaciones con cuerpos encontrados y no identificados, lo que constituye una violación grave del procedimiento y de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas; además se ausentó casi un mes de sus labores de abril a junio de 2021.

Los procedimientos 51/2021 y 98/2021 son contra Edwing “A”, quien como fiscal en desaparición forzada en Nuevo Laredo, tuvo omisiones al no aplicar los medios de apremio cuando no se atendieron sus solicitudes de fotografía y químico forense.

No solicitó informes sobre desaparecidos en hospitales, centros de salud, clínicas, casas hogar, albergues, centros de internamiento preventivo y de ejecución de sanciones y tampoco pidió colaboración interestatal para la búsqueda.

No agotó el protocolo de personas no localizadas, ni solicitó huellas dactilares, para que fueran ingresadas y procesadas con las que obran en la base de datos de la Dirección de Servicios Periciales. Tampoco recabó muestra hemática, ni confronta de perfiles genéticos, entre otras irregularidades.

A Pedro “R” se le instauró el procedimiento administrativo 285/2020, porque como ministerio público del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Victoria, fue omiso en requerir el cumplimiento de una orden de investigación.

Por su parte, Guadalupe “P”, tiene abierto el expediente 348/2020 porque como auxiliar de la Unidad General de Investigación del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Tampico, no vigiló el desempeño del actuario ministerial.

José “E” enfrenta dos indagatorias, la 429/2021 y 448/2021, pues como ministerio público en Reynosa, no solicitó el complemento de una investigación, no pidió la presentación de una víctima menor de edad, ni el dictamen médico de lesiones, además dejó inactiva la carpeta más de tres meses.

Tampoco aplicó los protocolos para la búsqueda de desaparecidos, ni de la integración de averiguaciones previas y actas circunstanciadas. Incurrió en dilación de hasta ocho meses para dar seguimiento a los casos.

A Juan “F”, se le aperturó el procedimiento 572/2021, pues como fiscal antisecuestro en Reynosa, no inició una carpeta de investigación que le fue enviada de la Fiscalía General.

En cuanto a los policías investigadores, es requerido dentro del procedimiento administrativo 075/2023, José “R” por no rendir un informe. Brenda “E”, en el 118/2023, por presentarlo de manera deficiente, y Carlos “S” en el 336/2020, porque no ejecutó un mandamiento ministerial.

Fidel “R” tiene los expedientes 178/2020, 414/2020 y 430/2020, porque se ausentó e incumplió un servicio encomendado, fue omiso en la entrega del armamento y equipo asignados, y faltó diez días sin justificación.